De acuerdo con registros del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, en el estado fueron asesinados siete ambientalistas el año pasado. En el país se registraron 197 ataques
Ciudad de México, 18 de abril de 2023. Con siete asesinatos, Guerrero encabeza el listado de las entidades con más asesinatos de ambientalistas en 2022. En tres casos, de acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), existen elementos para presumir que se cometieron probables ejecuciones extrajudiciales. Le siguen Chihuahua, Oaxaca y Puebla, con tres homicidios cada una.
El sector más involucrado con agresiones fue la minería. Por detrás se colocaron la biodiversidad (incluye la defensa de Áreas Naturales Protegidas), el forestal, el de vías de comunicación y el hídrico, de acuerdo con el estudio.
Según registros del Cemda, en México se batió el récord de violencia contra ambientalistas: con 24 asesinatos y 582 agresiones, 2022 se coronó como el año más violento para los defensores del medio ambiente y el territorio.
Si bien ocupa el tercer puesto entre los años con más homicidios, el número de agresiones nunca había sido tan alto desde que dicha agrupación comenzó en 2014 a elaborar su informe anual sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales.
Del 2021 al año pasado, el total de agresiones aumentó 144.5 por ciento, apunta el documento.
Gustavo Alanís Ortega, presidente del Cemda, destacó que durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador han sido asesinados 82 ambientalistas.
“Es algo completamente inaceptable y algo completamente insostenible”, sostuvo al presentar el informe.
El tipo de agresión más común en 2022 fue la intimidación, seguido por hostigamiento, amenazas, agresiones físicas y daños a propiedad. Además, se contabilizaron dos casos de espionaje.
Cemda consideró que son de especial atención porque el probable agente de la agresión es la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y representa el despliegue del aparato estatal como medio de vigilancia.
“Vemos con profunda indignación (…) la presencia de Pegasus confirmada por el informe de Cemda”, comentó Norma González, jefa de análisis e incidencia de Amnistía Internacional.
“Una de las posturas del propio Gobierno fue que eso ya fue del pasado, que fue un programa adquirido en un Gobierno anterior, pero que en este Gobierno definitivamente no se iban a realizar este tipo de prácticas de espionaje y hoy con profunda tristeza vemos que no es así”, ahondó en conferencia de prensa.
Según el documento, el principal agente de agresión identificado es el Gobierno en sus tres niveles, dado que estuvo involucrado en el 45 por ciento de los casos. Otros agentes son la delincuencia organizada, paramilitares, personas de las comunidades agredidas, caciques y empresas privadas.
Más de la mitad de las víctimas pertenecen a algún pueblo o comunidad indígena (52 por ciento), alertó Alanís Ortega.
“¿Qué es lo que hace falta? Lo primero es que hay que atajar la impunidad. Tenemos una impunidad en estos casos prácticamente del 100 por ciento. No hay investigación, no hay acusados, no hay nadie sentenciado, no hay nadie en la cárcel, entonces necesitamos que el Estado mexicano deje de ser omiso y haga su trabajo”, urgió Alanís Ortega.
También resaltó la necesidad de contar con una política pública integral de protección a los defensores ambiental, un verdadero mecanismo que proteja a periodistas y ambientalistas con suficientes recursos humanos y financieros, así como implementar el Acuerdo de Escazú.
Texto: Agencia Reforma
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