Humberto Musacchio
El llamado Plan B –lo hemos dicho en este espacio– es un proyecto destinado a desarmar el INE para sustituirlo por un organismo débil y dócil, a la manera de la vieja Comisión Electoral Federal, aquel engendro que permitió a los gobiernos priistas un dominio cabal de los procesos electorales.
Se dice que las reformas que ahora se proponen tienen como finalidad, entre otras cosas, la reelección de Andrés Manuel López Obrador. No tiene asideros tal acusación, por muy atractivo que resulte eternizarse en la silla presidencial. Álvaro Obregón, el último que lo intentó, fue asesinado en La Bombilla. Ni siquiera Plutarco Elías Calles se atrevió a promover su regreso a Palacio y se conformó con ser el poder tras el trono.
Lo que se advierte en las reformas promovidas por AMLO y sus muy serviles legisladores es, en primer término, asegurar el triunfo de Morena en la elección presidencial del año próximo, independientemente de cuál sea la corcholata beneficiada.
Para garantizar el control de los comicios, resulta indispensable que los morenistas tengan en sus manos el padrón electoral, que dispongan de capacidades para imponer en las casillas a su gente, que el recuento lo hagan ellos mismos, que puedan disponer de dinero suficiente para vencer resistencias, colocar a sus peones y comprar opositores –los hay de diversos precios–, así como contar con que el Tribunal Electoral se preste a participar del enjuague.
No está fácil, pero tampoco es imposible. México atraviesa por un triste momento para la democracia, pues difícilmente un miembro de Morena puede decir en qué consiste la Cuarta Transformación o que contiene su programa, si es que lo tiene. Por su parte, la oposición es un muestrario de debilidades y sus fortalezas son básicamente dos: los muchos errores del actual gobierno y el apoyo de la plutocracia.
Quienes ven a la triada PAN-PRI-PRD como opción, olvidan el inmenso desgaste que produjo el poder entre los azules, con sus nulos resultados en doce años de gestión y, por si algo faltara hoy, con el juicio a García Luna. En lo que corresponde al PRI, además del hartazgo que produce su largo reinado, aún se le considera como abanderado de la corrupción, bien representada por Alito. Se suma –si eso es sumar– la práctica inexistencia del PRD, lo que explica la actitud de Movimiento Ciudadano, que hasta ahora ha sido refractario a las alianzas con esos cartuchos quemados.
Azuzando a la triada PAN-PRI-PRD está Claudio X. González con otros empresarios y, por supuesto, los sectores más intervencionistas del gobierno gringo, con membretes como USAID que, como se sabe, es la fachada “asistencial” de no pocas operaciones de la CIA.
Morena, en su afán de perpetuarse, sigue cargando con el desprestigiado negocio que mal se oculta tras la sigla del PVEM, que vende su amor a derecha e izquierda, pues todo es cuestión de ponerle precio. El Partido del Trabajo, el otro aliado de Morena, es un membrete creado durante el salinismo, y con eso está dicho todo.
Ambos bandos ofrecen motivos de sobra para la desconfianza. En los dos lados hay zonas pestilentes, producto de la descomposición que afecta al conjunto de las fuerzas políticas del país. Se puede tener simpatía por uno u otro candidato, pero lo aconsejable es guardar siempre una prudente distancia para que no salpiquen sus detritus.
En estas circunstancias, ante la posibilidad de que el llamado Plan B sea rechazado por la Corte, lo que muy probablemente ocurrirá sólo en forma parcial, Morena avanza ya en su Plan C, controlando del todo el nombramiento de los cuatro consejeros electorales que sustituirán a los que se retiran en unos días. Se busca imponer como consejera presidenta a Bertha Alcalde Luján, dama cercanísima al habitante de Palacio. Doña Bertha no ha tardado en definirse, pues, si hiciera falta, ya promueve que la credencial de elector se imprima en papel, lo que la hará fácilmente falsificable, y que Gobernación meta las narices en la lista de empadronados para cerrar la puerta a toda oposición. Por lo pronto, a don Adán Augusto ya le dio el Congreso el control de los datos biométricos, esto es, todo lo necesario para la identificación de cada persona y el funcionamiento de un Estado policiaco.
¿Demócratas..?
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